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En el caso de España, “El Plan de Recuperación,Transformación y Resilienccia” (PRTR), contempla la serie de inversiones y reformas estructurales que se han de llevar a cabo para hacer un país más verde, más digital, más cohesionado e igualitario, tal y como marca la Agenda 2030 aprobada por parte del Gobierno, y que sitúa a la movilidad como uno de los campos que cuenta con una mayor dotación presupuestaria con inversiones del orden de los 13.203 millones de euros, que suponen un 19 por ciento de los 70.000 millones de euros de ayudas europeas no reembolsables concedidas para la recuperación económica y la creación de empleo. Que contemplan las transferencias a las Comunidades Autónomas, así como las convocatorias de ayudas a empresas y a municipios, y los programas de gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El plan de choque de una movilidad sostenible, segura y conectada cuenta con una dotación de 5.863 millones de euros; y para los entornos urbanos y metropolitanos la cifra supera los 1.700 millones de euros. Además, este ministerio mantiene una dotación de unos 2.000 millones de euros para la movilidad a través de energía eléctrica y de baterías de hidrógeno.
Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) gestiona 11.303 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) para descarbonizar y digitalizar la movilidad y para impulsar la transformación sostenible del transporte.
De esta cifra, el MITMA invertirá directamente 7.603 millones de euros entre otras operaciones, en completar y mejorar la infraestructura ferroviaria, en potenciar la fiabilidad y puntualidad de los trenes de Cercanías, e impulsar el transporte de mercancías en tren. El transporte de mercancías y pasajeros, a través de los diferentes medios, supone un 29 por ciento de las emisiones de CO2 generadas, más que la industria (20 por ciento) y la producción de electricidad (13 por ciento), lo que indica la necesidad de acelerar la transformación sostenible del sector y priorizar el empleo del ferrocarril sobre la carretera y el transporte público sobre el privado.
El Plan de Recuperación reserva una dotación de 6.124 millones de euros para que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ejecute inversiones en los corredores ferroviarios y en las líneas y estaciones de Cercanías. También se requiere que potencie las conexiones ferro portuarias y el desarrollo de terminales logísticas intermodales.
El objetivo final es que los corredores ferroviarios y la intermodalidad creen unos 130.000 puestos de trabajo hasta el horizonte 2030, aporten más de 10.000 millones de euros al PIB.
Iniciativa pública y privada en las inversiones
Mejorar la calidad de vida en las ciudades con la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en localidades españolas de más de 50.000 habitantes, a través de las iniciativas e inversiones en infraestructuras de transportes, fundamentalmente ferroviarias, requiere la participación en las mismas de todas las administraciones españolas, así como de la iniciativa privada. También es preciso el empleo de los mecanismos necesarios para obtener los fondos requeridos en esta transformación.
Su objetivo es lograr diseñar un sistema fiable del transporte público que sea atractivo para la ciudadanía, accesible, seguro y asequible. Para ello la base se encuentra en la incorporación de los nuevos conceptos que presenta el desarrollo tecnológico, tales como la movilidad inteligente, la automatización y la incorporación de propulsores alimentados con otras energías alternativas a las gasolinas menos dañinas con el medio ambiente.
El componente que se presenta en el PRTR cuenta con una contribución del 72,5 por ciento a la transición ecológica y un 2 por ciento a la digitalización del transporte, y una dotación total de 9.336 millones de euros, de los que 6.523 corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resilencia, y se prevé que alcance hasta el año 2026.
Pero lo más importante en este aspecto urbano es la entrada en vigor de la “Ley del Cambio Climático y Transición Energética”, que obliga a los municipios que cuenten con una población superior a los 50.000 habitantes, a establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es decir que se adopten las medidas oportunas, con restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos…, con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Gobierno lleva desde su implantación emitiendo ayudas a los diferentes municipios que presentan sus desarrollos en este sentido. Por ejemplo, recientemente, se han librado 500 millones de euros destinados a ayudar a 120 municipios en ese sentido.
La línea de apoyo a las Comunidades Autónomas, ayuntamientos y empresas de servicios de transporte, tanto públicas como privadas, cuentan con un apoyo de 2.916 millones de euros por parte del Mecanismo de Recuperación y Resilencia. Su objetivo es alcanzar a finales del 2025 que en más de dos centenares de áreas urbanas se hayan beneficiado de estas ayudas y se haya reducido la emisión de CO2.
Las CCAA cuentan con una dotación de 900 millones de euros, de los que de acuerdo con el “III informe de Ejecución del Plan de Recuperación”, ya se han ejecutado más del 15 por ciento de estos. En cuanto a los ayuntamientos, se está en un porcentaje superior del gasto de la asignación de los 1.500 millones prevista. Aquí se considera clave las actuaciones en el transporte ferroviario, así como en la mejora de flotas. Y en este último aspecto, el PRTR suma 400 millones de euros para que se vayan sustituyendo los vehículos actuales propulsados por energías fósiles, por otros menos contaminantes que incorporen combustibles alternativos, eléctricos, pila de hidrógeno, GLS, biocombustibles…
El transporte público de bajas emisiones precisa más fondos
Las previsiones de la Unión Europea y del Banco Mundial es que para 2045 el 50 por ciento de la población habite en las ciudades, y en el caso de España se apunta a que ya en 2030 será el 40 por ciento el que se aglutine en localidades de más de 50.000 habitantes. Por ello es preciso desarrollar una política intensa de descarbonización de la economía y una mejora medioambiental con la transformación de la red de transportes públicos en urbes y entornos metropolitanos.
Por ello el Gobierno español prevé que una buena parte de los fondos europeos asignados por Europa se destinen a ayudar a las Comunidades Autónomas y entidades locales para conseguir convertirse en zonas de bajas emisiones (ZBE).
El componente 1 de la primera palanca del PRTR, es precisamente quien se refiere a la transformación de los entornos urbanos, y a los objetivos de descarbonización y mejora de la calidad del aire en las ciudades, aspectos que pasan por cambiar el actual modelo de transporte. Medidas con las que facilitar los desplazamientos menos contaminantes, con una mayor penetración de la movilidad electrónica y de otras energías alternativas a las derivadas de residuos fósiles.
