LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL SON PUNTOS PRIORITARIOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS CIUDADES Y LOS ENTORNOS METROPOLITANOS. UNA BUENA PARTE DE LOS FONDOS EUROPEOS ASIGNADOS A ESPAÑA SE DESTINARÁN A AYUDAR A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES A CONSEGUIR EL RETO DE CONVERTIRSE EN ZONAS DE BAJAS EMISIONES.
Los objetivos de descarbonización y la calidad del aire en las ciudades pasan por cambiar aspectos como el actual modelo de transporte. En esta transformación de los entornos urbanos, el plan de recuperación español dedica un apartado (Componente 1: “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”) a las medidas que se tomarán para facilitar modos de desplazamientos menos contaminantes, el incremento de la penetración de la movilidad eléctrica y a apoyar a las inversiones necesarias para la creación de zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.0000 habitantes. De esta forma, se garantiza una mejora de la calidad de vida y del aire en áreas de mayor población.
Iniciativas e inversiones
Conscientes de este gran reto, en este componente se detalla el amplio abanico de iniciativas y las inversiones previstas en infraestructuras para conseguir el tan necesario cambio hacia un nuevo modelo de desplazamientos. Para tal fin, se resalta que son necesarios dos elementos. Por una parte, la participación de todas las administraciones, junto con la iniciativa privada. Por otra, el empleo de diversos mecanismos para obtener los fondos requeridos en esta transformación.
El objetivo final es diseñar un sistema de transporte público “fiable, atractivo, accesible y asequible a todos los ciudadanos”, en el que se incorporen nuevos conceptos como la movilidad inteligente, la electrificación del transporte, se impulse el uso del ferrocarril con las inversiones necesarias para ello y se aprovechen todas las ventajas de la digitalización.
Este componente tiene una contribución del 72,5% a la transición ecológica y un 2% a la digitalización del transporte. La inversión total estimada es de 9.336 millones de euros. De ellos, 6.523 millones corresponden al mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La financiación del Plan se llevará a cabo hasta el año 2026.
Junto a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2013 en áreas urbanas de más de 50.000 habitantes, que representan a más del 50% de la población española, se trabaja en las de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico, así como en la ampliación de modos más sostenibles como el ferrocarril, que será beneficiario de grandes ayudas para que gane mayor protagonismo tanto en las redes de la ciudad (metros, tranvías, etc.), como en los servicios de cercanías.
Las inversiones incluidas en este componente tendrán un fuerte impacto sobre la actividad económica y el empleo a nivel nacional durante los años de duración del Plan: 11.100 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB) y 154.000 empleos.
2.916 M€ PARA TRANSFORMAR EL TRANSPORTE Y CONSEGUIR ZONAS URBANAS DE BAJAS EMISIONES
En el componente 1 se incluye una línea de apoyo expresa para las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas, tanto públicas como privadas, prestatarias de los diferentes sistemas de movilidad. El objetivo de esta inversión, que asciende a 2.916 millones de euros, es la puesta en marcha de proyectos de transformación sostenible y digital de las redes de transporte público. El resultado esperado es que a finales del año 2025, haya al menos 100 áreas urbanas se hayan podido beneficiar de estas ayudas encaminadas a reducir las emisiones de C02.
Por una parte, las transferencias previstas para las comunidades autónomas españolas tienen un importe de 900 millones de euros. Se incluye la financiación de bajas emisiones, entre las que se encuentra las relativas a los desplazamientos colectivos. Una de las principales acciones se encaminará a la mejora de las redes ferroviarias (ampliación, modernización de líneas, digitalización, etc.).
“Comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas de servicios de transporte podrán beneficiarse de las ayudas a la movilidad previstas para mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas”.
Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
En cuanto a los fondos destinados a ayuntamientos, hay una asignación de 1.500 millones de euros. Ese importe también irá a impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y las zonas de bajas emisiones (ZBE), especialmente en los centros de las ciudades. Esta línea de ayudas otorga una gran flexibilidad a las entidades locales para elegir las acciones concretas que considere prioritarias. Nuevamente, el modo ferroviario será clave, por sus numerosas ventajas medioambientales, para reducir las emisiones y como alternativa al uso iniciativas: proyectos globales encaminados a reducir las emisiones, medidas para la transformación sostenible del transporte colectivo, mejora de flotas y material móvil, planes de digitalización del transporte público.
En principio están destinadas a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, pero, bajo determinadas condiciones, también pueden destinarse a consistorios con población de entre 20.000 y 50.000 habitantes. En este caso pueden optar a proyectos de transformación digital y sostenible.
Entre los proyectos de digitalización, el objetivo final es que las iniciativas de los ayuntamientos contribuyan a la reducción de emisiones en el transporte urbano. Para tal fin, se han previsto dos tipos de proyectos subvencionables. Los primeros son los encaminados a mejorar el servicio y la de usuario del transporte público, así como aquellos otros asociados a la accesibilidad. En esta amplia gama de opciones se incluyen tecnología para planificación de viajes, sistemas de información al viajero, ticketing y venta de billetes on line, etc. Todo ello con el fin de que el transporte público sea más atractivo para todo tipo de usuarios, se convierta en la mejor alternativa al transporte privado y se reduzcan así las emisiones contaminantes.
Además, el segundo bloque de medidas que pueden beneficiarse de estas ayudas es aquellas que repercutan en una mejor gestión de las Administraciones. Por ejemplo, implementación de sistemas inteligentes para la coordinación del tráfico y la movilidad, suministro de información de la oferta de transporte al Punto Nacional de Acceso a la Información Multimodal, gestión de demanda, etc.
Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
Transformación de flotas
Por último, hay una tercera línea de subvenciones que tienen como finalidad la transformación de flotas de viajeros y mercancías. Estos fondos son para empresas privadas que presten servicios de transporte y cuentan con una dotación de 400 millones de euros. Se convocarán por cada comunidad autónoma en su ámbito de competencias.
La gran parte de estos incentivos tienen como objetivo sustituir el parque de vehículos industriales pesados por otros menos contaminantes que incorporen nuevas tecnologías en cuanto a propulsión. Se opta así por los combustibles alternativos (eléctrica, GNL, GNC, biometano) y la implantación de la infraestructura de repostaje necesaria. Aunque esta actuación acaparará la mayor parte de los fondos, también se quiere desarrollar un transporte intermodal con el modo ferroviario como medio alternativo y complementario a la carretera.
En este sentido, hay unas ayudas específicas para que las empresas puedan adquirir o adaptar los remolques y semirremolques para que sean aptos para su uso en autopistas ferroviarias de mercancías de largo recorrido.
Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
UNA LEY PARA PLANIFICAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU FINANCIACIÓN
Los grandes cambios previstos en movilidad y el gran volumen de inversiones planificadas ha hecho que el Ejecutivo español elabore una normativa específica al respecto. Con la “Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte” se busca crear el marco legal que defina las principales líneas de la política en este tema y que permita regular las actividades relacionadas con el transporte. Se trata de una herramienta regulatoria con varias finalidades. Por una parte, se introducirán mecanismos para avanzar hacia una movilidad urbana más sostenible, mediante herramientas como obligaciones, incentivos y directrices.
Además se tendrá un mayor rigor de las acciones previstas en materia de infraestructuras y servicios, a través de mecanismos como el “Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad” (IPEEM) que servirá para fijar prioridades, así como estudios informativos de nuevas infraestructuras, análisis previos y posteriores de la rentabilidad de las inversiones.
Asimismo, se articularán las medidas para fomentar la innovación y la digitalización y se creará un sistema de gobernanza del transporte más coordinado y robusto entre todas las administraciones (Sistema Nacional de Movilidad) que ponga a la ciudadanía en el centro de las decisiones. En este punto también se quiere poner en marcha el Consejo Superior de Transportes y Movilidad, como un órgano de asesoramiento, debate y participación, así como una Plataforma Integral de Información para asegurar la eficacia de las políticas públicas en esta materia.
La Ley prevé otras como un sistema homogéneo de las aportaciones a entidades locales para la financiación del transporte público urbano con cargo a los fondos Estatales o un posible sistema de pago por el uso de las carreteras.
En estos momentos, tal como ha señalado recientemente la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ultiman los detalles de su redacción y está prevista que se apruebe antes de que finalice 2021.
Uno de los pilares que fundamentan esta nueva ley es la sostenibilidad y la necesidad de apostar por un sistema descarbonizado donde se priorice el transporte colectivo menos contaminante, como es el ferrocarril. Este marco normativo, por tanto, representa una oportunidad para planificar un cambio modal en el que se prioricen las inversiones en infraestructuras tanto para mercancías como para pasajeros.
